Saenz de Santamaría confirma que el Gobierno recurrirá ante el Constitucional por la creación de la junta electoral catalana para supervisar la consulta
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy que el Ejecutivo irá al Tribunal Constitucional por el decreto de creación de la junta electoral catalana firmado ayer por Artur Mas por ser «un incumplimiento» de la suspensión de la consulta.
Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado que la Abogacía del Estado pedirá al Tribunal Constitucional que incluya en la suspensión que dictó sobre la ley de consultas el decreto firmado ayer por el presidente de la Generalitat por el que se designaron los miembros de la comisión de control de consultas de Cataluña.
La Abogacía del Estado tiene potestad para ampliar ese recurso sin necesidad de que se reúna el Consejo de Ministros ni de pedir un nuevo informe al Consejo de Estado.
España es un Estado de Derecho, y eso hay que tenerlo muy presente. Es uno de los países más descentralizados del mundo pero también es un Estado de Derecho», por eso, «la ley es la expresión más clara de la democracia y es la que nos obliga a todos. Nadie puede decidir lo que es legal y no lo es, salvo los tribunales», ha remarcado.
La vicepresidenta del Gobierno ha emplazado al presidente de la Generalitat a manifestar si va a acatar la decisión del Tribunal Constitucional o si va a continuar en la línea del incumplimiento, como hizo ayer con la firma «novedosa, sin precedentes» de ese decreto. «Los ciudadanos tienen derecho a saber que las resoluciones de los tribunales se cumplen y se respetan», ha subrayado la vicepresidenta, quien ha indicado que, desde su autonomía, la Fiscalía también estará muy pendiente ante la posible comisión de algún delito.
De hecho, ha planteado que, por «las prevenciones» con las que firmó, se podría pensar que era el propio Mas quien ayer pensaba en que estaba incurriendo en una posible prevaricación.
La vicepresidenta ha prometido que el Gobierno actuará con «la misma firmeza serena» en su obligación de hacer cumplir la ley y ha reiterado que nadie decide «qué ley se cumple y qué ley no se cumple» ni tampoco cómo se cumplen las leyes, pues eso lo determinan los tribunales.
«Nadie puede diseñar la democracia a su medida, porque está diseñada a la medida de los derechos de los españoles», ha declarado la vicepresidenta, quien se ha preguntado qué autoridad tiene un gobernante para pedir el cumplimiento de las leyes si él mismo no las cumple.
El PPC: «Mas está en un callejón sin salida»
Asimismo el PP catalán también se sumará la próxima semana a la impugnación del decreto firmado ayer por Mas.
«El Gobierno está moviendo ficha porque va a llevar a los tribunales y va a impugnar la firma de Artur Mas nombrando a los siete consejeros de esa Junta Electoral, que no puede existir», ha abundado la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho.
La dirigente del PP catalán ha asegurado que Mas está en un «callejón sin salida» y ha añadido que lo «único» que pretende con el nombramiento de esa Junta es «ganar tiempo». A su juicio, el presidente de la Generalitat «no puede seguir con los preparativos del referéndum ilegal».
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