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El gobierno catalán advierte al TC de “extremismo político y violencia”

El gobierno catalán advierte al TC de “extremismo político y violencia”

El Parlamento catalán aprobará la ley de consultas el próximo 19 de septiembre

El gobierno catalán ha presentado este miércoles dos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Gobierno central de impugnar la Ley de Consultas y la convocatoria del 9N

También ha pedido al Alto Tribunal el “levantamiento inmediato” de la suspensión cautelar de la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria.

El gobierno catalán, que ha hecho públicos sus recursos este miércoles horas después de presentarlos al TC,  alega que el tribunal puede acordar el levantamiento inmediato “atendiendo a la presunción de legitimidad de las leyes y a la ponderación de los intereses perjudicados por las suspensión”.

El Ejecutivo catalán también alega que la Constitución y el Estatuto de Cataluña “llaman al legislador a promover y facilitar las libertades ideológicas y de expresión, así como la participación política de los ciudadanos”.

Los recursos –de 32 y 30 páginas– sustentan a través de una decena de argumentos los motivos por los cuales debe levantarse la suspensión de la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria, y abundan las referencias a la necesidad de que las leyes faciliten la expresión popular.

Los letrados del Gobierno catalán advierten de que “es difícil prever las consecuencias” si se cierran los cauces legales para institucionalizar la expresión de la opinión política, y se remiten a una resolución de 2003 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que alerta de los riesgos de no dar salida a los retos de gobernabilidad.

La resolución apunta que, si los parlamentos no resuelven importantes retos para la gobernabilidad y si la población tiene la sensación de ser privada de su derecho a participar en la toma decisiones, se tiende a alimentar “el desprecio público por la democracia parlamentaria, el extremismo político e incluso la violencia”.

Para reforzar sus argumentos sobre la necesidad de dar salida a una reivindicación de los catalanes, los recursos apelan también a las movilizaciones en favor de la consulta que se han producido en Catalunya, así como a los pronunciamientos de numerosos ayuntamientos.

Reivindican la legalidad de la “consulta”

Para reivindicar la legalidad de la consulta, se alega que, 35 años después de que fuera aprobada la Constitución, sus preceptos “ya no pueden ser leídos e interpretados del mismo modo que en el momento original de su entrada en vigor”.

El Gobierno catalán defiende que las consultas son “un procedimiento normal en el ámbito internacional de las democracias occidentales” y pone de ejemplo Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suiza y Suecia.

La Generalitat cita en el recurso la Decisión del Tribunal Supremo de Canadá que recoge, aludiendo al caso de Quebec, que “el sistema debe poder reflejar las aspiraciones de la población”, combinando la primacía del derecho y el principio democrático.

También se alude a la sentencia sobre la Declaración de Soberanía del Parlament que dictó el Tribunal Constitucional: aunque quedó anulada por el Alto Tribunal, el Govern considera que sí avaló el ‘derecho a decidir’ de los catalanes.

El gobierno catalán añade y recupera una parte de aquella sentencia en la que se recogía que el derecho a decidir de los catalanes es una aspiración política a la que “solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a principios de legitimidad, democrática, pluralismo y legalidad”.

Así los servicios jurídicos del Gobierno catalán remarcan también que la consulta tiene carácter consultivo y por sí sola no conlleva consecuencias, y precisa que las actuaciones que se pudieran llevar a cabo después por parte del Parlamento catalán u otras instituciones serían “jurídicamente independientes y no concatenadas a la propia consulta”.

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