El Consejo de Estado certificó ayer por unanimidad que el referéndum independentista convocado el sábado pasado para el 9 de noviembre por Artur Mas es ilegal por violar diferentes artículos de la Constitución. Se trata del primer dictamen jurídico que ratifica los argumentos esgrimidos desde hace meses por el Gobierno de Mariano Rajoy para disuadir, sin éxito, al presidente de la Generalidad catalana y pone la primera piedra en el camino de la suspensión de la consulta soberanista.
El principal órgano consultivo del Estado, en sendos dictámenes, da carta blanca al Consejo de Ministros, que se reunirá este lunes, para que, como tiene intención, impugne de inmediato ante el Tribunal Constitucional tanto la ley catalana de consultas como el decreto de convocatoria rubricado por Mas en su nombre y para que reclame a la corte que acuerde la inconstitucionalidad de la norma y la nulidad del referéndum de autodeterminación.
Los dictámenes, preceptivos para el Gobierno antes de la interposición de los recursos, pero no vinculantes, fueron ratificados por los miembros de la Comisión Permanente del Consejo que debatieron durante algo más de hora y media las ponencias encabezadas por el exministro de UCD Landelino Lavilla en una reunión extraordinaria convocada tras recibir el sábado la demanda del Ejecutivo.
La ilegalidad de la consulta soberanista y de varios aspectos de la ley catalana que la permite fue confirmada tanto por consejeros afines al PP como el presidente de la institución y exministro popular, José Manuel Romay Beccaria, o Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón como por otros vinculados al PSOE, como la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega o el exministro de Justicia Fernando Ledesma.
Inconstitucionalidad
Los análisis del Consejo de Estado encuentran tachas de inconstitucionalidad tanto en la ley como en el decreto por dos motivos fundamentales. Consideran que la consulta convocada es en realidad un referéndum, por lo que se invade la competencia exclusiva del Estado, pero además que es un referéndum de autodeterminación unilateral, por lo que creen que la Generalidad ataca la unidad de España consagrada en la Carta Magna y usurpa y se arroga un derecho que sólo corresponde al conjunto de los españoles, únicos titulares de la soberanía nacional, como es decidir cambios en la estructura territorial del Estado fijada en 1978 por la Constitución.
La hoja de ruta que acabará en breve con la suspensión cautelar de la ley y la consulta por el Constitucional tendrá este lunes su segundo capítulo cuando, por la tarde, Rajoy reúna al Consejo de Ministros de forma extraordinaria para dar el visto bueno y presentar en el registro del tribunal los dos recursos de inconstitucionalidad contra la norma y el decreto de convocatoria ultimados durante el fin de semana por la Abogacía del Estado.
Rajoy deberá exponer su posición sobre estos recursos y sobre el desafío al Estado lanzado el sábado por Mas como tarde el martes, en la sesión de control que celebrará el Senado, ya que tiene que responder en el pleno a sendas preguntas sobre la crisis territorial realizadas por los portavoces del PSOE y de CiU.
La suspensión cautelar de la noma y la consulta por un tiempo máximo de cinco meses se producirá en cuanto se reúna el pleno del Constitucional. Se trata de un efecto que el tribunal debe acordar, por mandato de la Carta Magna, con la mera admisión a trámite de los recursos del Gobierno si este así se lo ha pedido, como hará.
La reunión podría convocarse en cualquier momento desde que el lunes por la tarde lleguen las dos impugnaciones al registro, en concreto en cuando así lo decida el presidente de la corte. Si el conservador Francisco Pérez de los Cobos no quiere dilatar el momento, el pleno podría reunirse el martes.
