La Abogacía del Estado registrará el próximo lunes en el Tribunal Constitucional el recurso del Gobierno contra la ley catalana de consultas y el decreto de convocatoria de un referéndum independentista para el 9 de noviembre en Cataluña, tras un Consejo de Ministros extraordinario que previsiblemente reunirá el lunes por la mañana presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que regresa este sábado de China.
Así lo ha asegurado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy, en la que ha confirmado que, una vez que el presidente catalán, Artur Mas, firme el decreto de convocatoria de la consulta este sábado, el Gobierno firmará la petición de informe al Consejo de Estado y, «en un plazo breve», se convocará el Consejo de Ministros. Previsiblemente será el lunes.
Ese mismo día, la Abogacía del Estado registrará los recursos en el Tribunal Constitucional, que debe reunirse en pleno para admitirlos a trámite, en una fecha todavía sin determinar. Sáenz de Santamaría ha vuelto a recalcar que la admisión supondrá la suspensión tanto de la ley como de la convocatoria de la consulta porque es lo que establece la Constitución: si el Gobierno lo solicita al recurrir, la suspensión se aplica automáticamente cuando se admite a trámite el caso.
Esa suspensión significa que no se puede continuar con la organización de ningún aspecto de la consulta, ha recalcado la vicepresidenta, preguntada por la posibilidad de que se realicen campañas a favor del 9N. «Supone que no se puede dictar ni hacer nada en ejecución de las misma», ha insistido la vicepresidenta. «Ya no se puede continuar con la convocatoria», ha agregado.
Santamaría ha aprovechado para reiterar que el camino tomado por Artur Mas es un error y que el Gobierno «le dejó bien claro» que no sería legal convocar una consulta, ni mantener esa política de «dividir». A cambio, ha apostado por «trabajar juntos».
Aunque el presidente de la Generalitat de Cataluña convoque este sábado la consulta independentista, el Gobierno no tiene previsto reunirse hasta el lunes para empezar los trámites ante el Tribunal Constitucional. Tampoco hasta ese día por la mañana podrá acudir al registro del Tribunal, puesto que está cerrado los fines de semana.
Para ordenar la interposición del recurso, el Gobierno necesita contar con un dictamen del Consejo de Estado. Esa petición se realizará una vez que entre en vigor la ley de consultas y Artur Mas firme el decreto de convocatoria, lo que según ha anunciado él mismo ocurrirá mañana sábado.
El Ejecutivo enviará el expediente con toda la documentación al órgano consultivo y le solicitará dictamen en un plazo muy breve de tiempo. Fuentes de esta institución han asegurado a Europa Press que el Consejo está preparado para trabajar en el documento y reunirse para su aprobación en cualquier momento del fin de semana.
Se da por prácticamente redactado este dictamen, dada la jurisprudencia que existe y los antecedentes de este caso. Sin embargo, el Consejo debe estudiar el decreto de convocatoria que firmará Artur Mas y que no se publicará hasta este sábado. Sí es conocido el contenido de la ley catalana de consultas, dado que se ha tramitado en el Parlamento autonómico.
El Tribunal Constitucional no se pronunciará en un primer momento sobre el fondo de la cuestión cuando se reúna para admitir a trámite los recursos del Gobierno. La suspensión que dictará tendrá una vigencia de cinco meses y si para entonces no ha dictado sentencia, deberá decidir si mantiene la suspensión o la levanta hasta que resuelva el asunto.
El TC ya ha analizado la validez de convocar una consulta por parte de una comunidad autónoma. La última vez tuvo lugar el 25 de marzo de 2013, cuando anuló la declaración soberanista catalana y afirmó que en el marco de la Constitución una comunidad «no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España».
En septiembre de 2008, rechazó también la consulta planteada por el lehendakari Juan José Ibarretxe y avalada por la mayoría del Parlamento vasco por vulnerar el artículo 149.1.32 de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva de autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
