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El juez José Castro imputará a la Infanta Cristina por blanqueo y delito fiscal

El juez José Castro imputará a la Infanta Cristina por blanqueo y delito fiscal
Iñaki Urdangarín y cristina de Borbón, llegando a los Juzgados de Palma.
Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón, llegando a los Juzgados de Palma.

El juez Castro imputará a la Infanta Cristina por blanqueo de capitales y cooperación en los dos delitos fiscales cometidos por su marido en 2007 y 2008. Lo más probable es que el auto se conozca esta semana, previsiblemente pasado mañana.

Estos dos delitos comportan penas de hasta once años de cárcel: seis el de blanqueo de capitales, cinco el de cooperación en un delito contra la Hacienda Pública. El hermetismo del magistrado es total pero la orientación de su auto está clara para la Fiscalía, que ya prepara un recurso al entender por enésima vez que la hermana del Rey es inocente. La resolución podría tener que retrasarse de nuevo si, como se comenta en ámbitos jurídicos, Iñaki Urdangarín pide declarar para autoinculparse y exonerar a su mujer.

Todo indica que, salvo sorpresas de última hora en forma de recursos de algunas de las partes -Iñaki Urdangarín, por ejemplo-, el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro, dictará esta semana el auto de pase a procedimiento abreviado, en el cual señalará con nombres y apellidos los ciudadanos que se sentarán en el banquillo por la trama urdida por el duque de Palma y su socio, Diego Torres, para saquear las arcas públicas de tres comunidades autónomas y varios ayuntamientos.

Lo más probable es que el instructor haga público el auto pasado mañana. Y no por esperada, la gran sorpresa será la determinación del magistrado de sentar en el banquillo a Doña Cristina. Tal y como hiciera en el auto de imputación, José Castro le acusará de blanqueo de capitales al haber dispuesto y gastado el dinero público desviado a la empresa familiar Aizoon, que comparte al 50% con Iñaki Urdangarín. Eso sí: esta vez no le acusará de delito fiscal propiamente dicho, como hizo el 7 de enero, sino de cooperación en los dos presuntamente cometidos por su marido en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 2007 y 2008 -182.000 euros defraudados en el primero, 155.000 en el segundo-.

La Fiscalía Anticorrupción da por hecho que el auto sentará en el banquillo a la duquesa de Palma por estos dos delitos. Tan es así que tiene preparado ya el recurso para presentarlo en los cinco días hábiles de plazo que otorgará el instructor a las partes para que apostillen lo que crean conveniente antes de decretar la apertura de juicio oral.

El juez instructor sostiene que Cristina de Borbón facilitó los delitos fiscales de su marido al permitir que tributase vía Aizoon, y no a través de su IRPF, las ganancias obtenidas de diversas entidades privadas y públicas en los ejercicios fiscales 2007 y 2008. Hay que recordar que la sociedad limitada familiar de los duques de Palma percibió más de un millón de euros de empresas privadas (Havas, Mixta África, Pernod Ricard, LVHM, la compañía de armamento Lagardère y Aceros Bergara) a cambio de nada. El problema no es ése, toda vez que son sociedades privadas y son los accionistas quienes deben pedir cuentas del destino del dinero. El quid de la cuestión es que Urdangarín no tributó estas ganancias en su IRPF sino que las declaró en Aizoon, con lo cual se ahorró ilegalmente casi 15 puntos de tributación.

El blanqueo le cae a la Infanta por haber aceptado, dispuesto y gastado parte del millón de euros públicos que Iñaki Urdangarín desvió desde el Instituto «sin ánimo de lucro» Nóos a Aizoon. Hay que recordar que Cristina de Borbón empleó parte de esos fondos en la remodelación del palacete de Pedralbes, en la compra de obras de arte, en clases de salsa y merengue, en cumpleaños infantiles; es decir, en cuestiones que nada tienen que ver con la actividad normal de una sociedad.

Castro tampoco descarta la posibilidad de que la justiciable Borbón sea responsable de un delito fiscal en Aizoon, que en 2007 habría defraudado 120.700 euros. La cuota que marca el umbral entre falta y delito fiscal es precisamente de 120.000 euros. Hacienda dio como buenas tres facturas falsas por un importe total de 69.990 euros, librando así a la Infanta de responsabilidad penal.

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