Dos inspectores de la Agencia Tributaria han ratificado ante el juez del ‘caso Gürtel’ en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que las facturas que emitía Orange Market S.L. a algunas empresas de la construcción y obra pública servían para aminorar la deuda del PPCV
Estos inspectores han ratificado de esta manera sus informes finales ante el juez del ‘caso Gürtel’, en relación con la supuesta financiación ilegal del Partido Popular.
Los peritos han explicado, a preguntas fundamentalmente del ministerio fiscal, que las facturas que emitía Orange Market, mercantil dirigida en Valencia por Álvaro Pérez, conocido como ‘El Bigotes’, a diferentes empresas relacionadas con la construcción eran «falsas».
Los inspectores han justificado esta falsedad o bien en el concepto que se indicaba, o en el cliente –empresa– al que iba dirigido. Algunas de estas mercantiles que se investigan en la causa son Piaf, Facsa, Grupo Vallalba, Lubasa, Enrique Ortiz y Sedesa.
Así, los técnicos han afirmado que los importes de las facturas sí eran verdaderos puesto que, de hecho, sobre los mismos Orange Market pagaba luego sus correspondientes impuestos, tal y como han declarado. Entienden que cada factura falsa que emitía Orange Market servía para aminorar la deuda del PPCV por trabajos que le contrató en los años 2007 y 2008, la mayoría de ellos relacionados con las campañas electorales.
Así mismo, han detallado que, en base a la diferente documentación a la que han tenido acceso, el PP colaboró con el fraude, ya que dejó de abonar el IVA y no incluyó en su contabilidad ni las donaciones ni gastos en sus campañas electorales. También han señalado que no se puede constatar un desvío de fondos a ningún dirigente en concreto del PPCV.
Los informes periciales recogen que Orange Market cobró al Gobierno valenciano, cuando estaba dirigido por Francisco Camps, un total de 5,7 millones de euros entre 2007 y 2008, y la mayoría del dinero fue abonado de forma opaca. Así, exponen que esta mercantil tan solo facturó al PP 1,2 millones en este mismo periodo, y el resto fue pagado o bien mediante pagos en ‘B’ o facturas falsas emitidos a terceros.
