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El Rey Juan Carlos perderá su blindaje ante la Justicia durante meses hasta definir su condición

El Rey Juan Carlos perderá su blindaje ante la Justicia durante meses hasta definir su condición
Juan Carlos I y su hijo Felipe VI.
Juan Carlos I y su hijo Felipe VI.

Cuando el Rey entregue la Corona a su hijo perderá muchas cosas, accesorias y simbólicas unas, trascendentes e importantes otras. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Abdicación y lo remitió al Congreso. Se trata de un texto muy breve, en los huesos, que no entra en aspectos sustanciales del cambio que en pocos días verá España.

Algunos de estos cambios se incluirán en un Real Decreto que ya prepara Moncloa y, otros, en una Ley Orgánica -la del Poder Judicial- que está en tramitación parlamentaria. El más relevante, y para el que aún quedan meses, será el que defina la situación de Don Juan Carlos ante la Justicia.

Juan Carlos I dejará de ser inviolable y por tanto inimputable en el mismo momento en el que deje de ser el Rey. Sobre este punto hay absoluta coincidencia en la clase política, puesto que la Constitución recoge que el Monarca es irresponsable y todos sus actos han de ser refrendados por el Ejecutivo.

Sin embargo, una vez que acceda su hijo Felipe VI al trono, Don Juan Carlos perderá este blindaje y, más aún, ni siquiera contará con la condición de aforado que en España abunda entre todo tipo de cargos políticos.

Juan Carlos I pasará a una situación desprotegida, la misma que hasta ahora han tenido su hijo y heredero y la Reina Sofía, y que el Gobierno pretende subsanar en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se encuentra en plena tramitación parlamentaria. En dicho texto se regula la condición de aforados del Príncipe de Asturias y de la Reina, pero no la de quien en breve dejará de ser Rey, puesto que el proyecto se remitió a las Cortes cuando nadie preveía el escenario de la abdicación.

El problema estriba en que a este texto legal todavía le quedan meses antes de entrar en vigor, por lo que Don Juan Carlos quedará durante todo ese tiempo sin el más mínimo blindaje judicial. Esta desprotección sólo afectará a sus actos a partir del día en que deje de ser Rey, ya que todos aquellos correspondientes a su etapa de reinado no son imputables a su responsabilidad.

No se trata en ningún caso de una cuestión menor. Existen riesgos. De hecho, ayer mismo, desde Izquierda Unida se lanzó la advertencia de que podrían presentarse querellas contra el Monarca. El Gobierno podría activar una fórmula de urgencia utilizando a su grupo parlamentario para que fuera el que presentara una proposición de ley que diseñara ex profeso el aforamiento de Don Juan Carlos. Una vez aforado, sería responsable ante la Justicia, pero sólo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo.

El Gobierno, pese a que el presidente y la vicepresidenta conocían las intenciones del Monarca desde finales de marzo, sólo puso en marcha la maquinaria para definir los pasos a dar en la abdicación hace un mes. Los trabajos se desarrollaron en secreto en Presidencia bajo la supervisión de Soraya Sáenz de Santamaría y sólo fue el pasado jueves, tras el encuentro que mantuvieron en Zarzuela Don Juan Carlos, el Príncipe de Asturias, el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, cuando se empezó a redactar el texto del proyecto de ley orgánica que ayer recibió la luz verde del Consejo de Ministros y que será aprobado por ambas Cámaras en un plazo máximo de dos semanas.

Además de este proyecto que regula la abdicación y cuya fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado coincidirá con la de proclamación de Felipe VI como nuevo Rey de España, el Ejecutivo debe redactar un real decreto en el que se recogerá el estatus que tendrá a partir de entonces Don Juan Carlos y el tratamiento que se le dará, tal y como explicó ayer en los pasillos del Senado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El objetivo es tenerlo listo para que pueda entrar en vigor el día en que se produzca el hecho, según indican fuentes gubernamentales.

Felipe VI será proclamado Rey ante las dos Cámaras reunidas en sesión conjunta. Será a partir del día 18. Su padre sancionará como Jefe del Estado la ley de su propia abdicación. Será la última vez que ponga su rúbrica como Monarca. La entrada en vigor de esta ley y la proclamación de Felipe VI serán actos sucesivos, puesto que no puede quedar un vacío entre la marcha de un Rey y la llegada de otro.

El último acto de Don Juan Carlos como Rey de España se revestirá de solemnidad. Será una ceremonia en el Palacio Real de Madrid y ante los más altos representantes de todos los poderes del Estado.

La Ley de Abdicación incluirá, antes de la firma del Rey, la fórmula habitual: «Sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar…». Una vez más quedará patente que en una monarquía constitucional como la española el Poder Legislativo es el que representa a la soberanía popular y, a la postre, decide.

En cuanto Felipe VI sea Rey de España, su hija primogénita, la Infanta Leonor, adquirirá la condición de Princesa heredera o Princesa de Asturias. El tratamiento que recibirá a partir de entonces el padre del Rey es todavía una incógnita. Podría tener el título de Rey padre o bien optar, por ejemplo, por el de Conde de Barcelona que fue el asignado a Don Juan de Borbón.

Todo lo que se refiere a la asignación pecuniaria que corresponderá a Juan Carlos I y a Doña Sofía competerá exclusivamente al nuevo Rey Felipe. El presupuesto de la Casa del Rey es distribuido por el Monarca y sólo recientemente se ha instaurado la práctica de hacer públicas sus partidas generales.

El proyecto de Ley Orgánica de Abdicación que ayer aprobó el Consejo de Ministros, y que consta de un solo artículo y una disposición final, será tramitado en las Cámaras por el procedimiento de urgencia para que el traspaso de la Corona pueda quedar solventado en poco más de dos semanas. No se trata en ningún caso de una ley de sucesión, sino de la norma que da validez y reconoce la abdicación del Rey Juan Carlos I.

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