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El Gobierno moderniza legislación mercantil de hace 130 años

El Gobierno moderniza legislación mercantil de hace 130 años

Soraya Sáenz de santamaria

El objetivo del futuro Código Mercantil es fortalecer la unidad de mercado en España, aumentar la seguridad jurídica y eliminar trabas administrativas, lo que favorecerá la competitividad y la generación de riqueza y empleo

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, que sustituirá al Código de Comercio que está vigente desde 1885. El texto, en el que se lleva trabajando desde el año 2006, es esencial para hacer efectiva la unidad de mercado en el ámbito jurídico-privado.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestado que la norma es una reforma estructural que está en línea “con todo el proceso de simplificación normativa y de codificación que ha emprendido el Gobierno”. Además, ha señalado que compila las numerosas leyes que sobre la materia se han ido aprobado en los últimos 130 años.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha precisado que el texto supone “una auténtica renovación en el orden económico”, porque no se limita a recopilar y actualizar normas existentes, sino que las adecúa al nuevo contexto económico y da respuesta a las realidades que han emergido en la vida comercial. “Tenemos que tener muy claro que el objetivo fundamental, además de la modernización, es establecer la unidad de mercado en España y de esta forma mejorar la competitividad, generar riqueza y crear empleo”, ha dicho.

Ruiz Gallardón ha afirmado que “el incremento de la seguridad jurídica para establecer un marco jurídico homogéneo va a facilitar la vida a los ciudadanos”. En este sentido, ha explicado que será una legislación común para todo el territorio nacional sin ningún tipo de trabas administrativas. Estará en sintonía con la legislación de otros países, por lo que facilitará las transacciones de carácter internacional. Además, recuperará la igualdad de todos los operadores en el mercado evitando cualquier situación de privilegio que pudiera perjudicar a los ciudadanos.

Principales novedades

El ministro de Justicia ha avanzado que el futuro Código Mercantil está dirigido a los empresarios, si bien se hace una interpretación “más moderna” de ese término. Abarca a agricultores y ganaderos, antes excluidos, profesionales que ejerzan actividades intelectuales, científicas, liberales o artísticas, siempre que sus bienes y servicios se destinen al mercado. También incluye a fundaciones o asociaciones que, aunque no tengan actividad empresarial, sean productores de bienes culturares o prestadores de servicios, así como a todas las sociedades y entidades mercantiles que, aunque no estén constituidas en España, tengan alguna actividad mercantil en el país.

Ruiz Gallardón ha señalado que se regulan los negocios de transmisión de la empresa, se moderniza el registro mercantil, se regula la contratación y la factura electrónica, la contratación en pública subasta o la compra en máquinas automáticas. Hay una nueva regulación de la fase precontractual; de las cláusulas de confidencialidad y de exclusividad y se incluye la compraventa de inmuebles.

“El objetivo de la regulación es suprimir las trabas que dificulten la circulación de bienes y la unidad de mercado, y esto se consigue dando soluciones unívocas en el conjunto del Estado para los intercambios de ámbito nacional”, ha manifestado Ruiz-Gallardón.

El ministro ha citado, como otras novedades, que se recogen las distintas modalidades de propiedad industrial y se regulan los contratos financieros, de préstamo, de leasing, de cuenta corriente, la cesión financiera de crédito y el descuento bancario. “Hay una regulación moderna de figuras como el cheque, el pagaré, la letra de cambio. Se establece un régimen jurídico mínimo sobre las tarjetas, tanto de pago como de crédito, que permiten operaciones como retirada de dinero de un cajero”, ha detallado.

También se regulan por primera vez la prescripción y caducidad para evitar que se pueda mantener un crédito con duración indefinida mediante requerimientos extrajudiciales sucesivos.

Por otra parte, el Gobierno ha analizado el anteproyecto de ley que adapta la legislación española sobre Eurojust a la normativa europea.

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