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El TC admite a trámite 9 recursos sobre la Reforma de Administración Local

El TC admite a trámite 9 recursos sobre la Reforma de Administración Local
Tribunal Constitucional
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Entre los recursos presentados contra la Reforma de Administración Local, se encuentra el presentado por el Parlamento Foral de Navarra

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los nueve recursos presentados a final de marzo por cuatro parlamentos (Extremadura, Cataluña, Navarra y Andalucía), cuatro gobiernos autonómicos (Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias) y varios partidos de la oposición, entre ellos el PSOE, contra la Ley de Reforma Local.

El pasado 28 de marzo, PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Coalición Canaria, ERC, BNG y Compromís-Equo impugnaron esta norma ante el tribunal de garantías al considerar que priva a los ayuntamientos de su autonomía política y de su financiación y que supone “uno de los mayores ataques a la democracia”.

En las nueve providencias dictadas este jueves el TC acuerda dar traslado de las demandas al Congreso, al Senado y al Gobierno, que disponen de quince días para personarse en los distintos procedimientos y formular alegaciones.

La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los recursos, que el Tribunal resolverá en próximas fechas, según ha aclarado el alto tribunal.

Por lo que respecta a los recursos presentados por la oposición, fuera recurso sólo quedaron los parlamentarios del PP, del PNV –que apoyó la reforma local en su tramitación en las Cortes Generales–, CiU –que presentó recurso desde el Gobierno y el Parlamento catalán– y varias formaciones del Grupo Mixto.

Los recurrentes consideran que la ley, en vigor desde el 31 de diciembre de 2013, provoca enormes dificultades para la gestión de los ayuntamientos al privarles su capacidad de gestión de la política social, de recursos y de instrumentos para poder llegar cerca de la gente necesitada, algo “absolutamente imprescindible en la España de la pobreza de hoy”.

Por su parte, el Parlament de Cataluña recurrió la Ley por entender que 24 preceptos vulneran competencias de la Generalitat y “no encuentran amparo” en la Constitución.

 

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