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Ocho años de prisión a Rafael Blasco por apropiación de fondos destinados a proyectos de desarrollo

Ocho años de prisión a Rafael Blasco por apropiación de fondos destinados a proyectos de desarrollo
Rafael Blasco, en las Cortes Valencianas. El País.
Rafael Blasco, en las Cortes Valencianas. El País.

Los jueces han condenado este miércoles al ex consejero valenciano Rafael Blasco a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta por el fraude en las ayudas de cooperación al desarrollo, cometido durante la presidencia de Francisco Camps y a un total de 43 años de prisión y 47 años de inhabilitación para la trama que se apropió de los fondos destinados a proyectos de desarrollo en América Latina, África y Asia por la Generalitat valenciana. La red estaba integrada por la cúpula de la Consejería de Solidaridad, a la que pertenecían seis de los nueve enjuiciados.

Al frente de todos ellos, Rafael Blasco, el hombre que ha definido una parte clave de la política valenciana de los últimos 30 años, y que alcanzó su máxima cota de poder en 2009, durante la recta final del mandato del ex presidente Camps. Los magistrados han condenado a Blasco, que sigue siendo diputado autonómico, a ocho años de cárcel como jefe de la red y 20 años de inhabilitación absoluta por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y delito continuado de falsedad en documento oficial.

La sentencia considera probado que Blasco, ex consejero y ex portavoz del PP en las Cortes Valencianas forzó el procedimiento de concesión de subvenciones. Presionó a funcionarios. Y que, a la vista de su resistencia, los relevó por personas de su confianza que sí accedieron a conceder las ayudas violando los criterios legales. El fallo conocido corresponde a la primera pieza separada del caso Cooperación, una macro causa que tiene otras dos piezas separadas.

En esta historia de villanos hay también algunos héroes discretos: los funcionarios que se negaron a conceder las ayudas y contaron lo ocurrido en el juicio. La sentencia recoge, entre otros pasajes, que ante el bloqueo en la concesión de subvenciones, Blasco convocó a los empleados públicos a una reunión presidida por él mismo, «algo que era completamente extraordinario».

Una vez allí se mostró «abiertamente disconforme con su decisión» de oponerse a librar las ayudas, «presionándolos para que modificaran sus conclusiones, sosteniendo que él era el máximo intérprete de las bases». Blasco les pidió «que confiaran en su palabra de la misma manera que él había confiado en ellos, pese a que no se tenía buen concepto de su trabajo».

Como no consiguió su objetivo, el consejero de Camps los amenazó con el escrutinio de su trabajo anterior, señala la sentencia: «Al enterarse de que no variaban su decisión, Blasco visiblemente enfadado, les dijo que si siempre habían sido tan rigurosos, que lo iba a comprobar personalmente, pidiendo a continuación que le subieran a su despacho todos los expedientes» que los funcionarios habían elaborado anteriormente «con tal objeto».

Junto a Blasco han sido condenados el empresario Augusto César Tauroni, a ocho años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta; la que fue secretaria general administrativa de la consejería, Tina Sanjuán, a siete años y seis meses de prisión; el exjefe del área de cooperación, Marc Llinares y el exsecretario general del departamento, Alexandre Català, ambos a cuatro años y seis meses de prisión y siete años de inhabilitación; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, a tres años de prisión y dos de inhabilitación; el presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales, Marcial López, a cuatro años y seis millones de euros de multa; la miembro de la misma Fundación Cyes, Josefa Cervera, a tres años y medio de prisión y multa de cuatro millones de euros, y el exsecreatario Jospe Maria Felip, a siete años de inhabilitación.

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