El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha impuesto una multa de 30 millones de euros a España por no haber adoptado todas las medidas necesarias para recuperar las ayudas ilegales concedidas en los noventa a empresas del País Vasco, conocidas como «vacaciones fiscales vascas«. La multa supone una rebaja sustancial frente a los 50 millones de euros que había solicitado la Abogada General del tribunal de la UE y los 64 millones que planteó Bruselas.
Esta decisión, contra la que no cabe recurso, cierra un litigio que ha enfrentado a Bruselas y España durante más de una década.
A partir de ahora se abre un nuevo frente: cómo afrontar el pago de la multa, algo sobre lo que las diputaciones tienen puntos de vista opuestos. Guipúzcoa y Álava piden que el Gobierno Vasco asuma el 70% de la multa, mientras que Vizcaya apunta hacia Álava, la diputación que más ayudas concedió.
España ya ha recuperado el 100% de estas ayudas ilegales (alrededor de 500 millones de euros), pero la mayor parte de ellas, según las instituciones europeas, se reembolsaron fuera de plazo, con un retraso de hasta 12 años.
La sanción es, no obstante, menor que la que había propuesto la abogada general del TJUE, que ascendía a 50 millones de euros. Las subvenciones en cuestión fueron declaradas ilegales ya en 2001 y contaban con una sentencia en contra de 2006.
El caso se remonta a 2001, cuando la Comisión declaró ilegales seis regímenes de ayudas fiscales aprobadas por las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y exigió su devolución. Las ayudas, que ya están derogadas, se concedieron en forma de créditos fiscales correspondientes al 45% de las inversiones que superaban los 15 millones de euros y de exenciones fiscales temporales para reducir de manera sustancial el impuesto de sociedades a las empresas de nueva creación durante los cuatro primeros años que obtuvieran beneficios.
La abogada general del TJUE, Eleanor Sharpston, pidió en enero que se imponga a España una sanción de 50 millones de euros. Su dictamen no vincula al Tribunal, pero éste suele seguir sus recomendaciones en el 80% de los casos.
Las subvenciones en cuestión fueron declaradas ilegales ya en 2001 y contaban con una sentencia en contra de 2006. Según los cálculos de la abogada general, todavía quedaban 322 millones de euros por recuperar en la fecha en que se dictó el fallo de 2006.
