La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados que habría contado con la colaboración imprescindible de altos cargos de la Junta de Andalucía. Los investigadores creen que entre 2009 y 2011, los años en los que se centran las pesquisas, la trama habría malversado presuntamente fondos públicos por valor de 2.000 millones de euros, el fraude más elevado que se haya investigado nunca en la historia de España.
De demostrarse, la cantidad defraudada superaría holgadamente el célebre “fondo de reptiles” del caso de los ERE (1.350 millones), el escándalo que ya provocó la salida del Gobierno de la Junta de su expresidente José Antonio Griñán.
Las investigaciones, que han recibido el nombre de Operación Edu, arrancaron hace dos años tras una denuncia de la Seguridad Social y son obra de la Brigada Central de Delincuencia Económica de la UDEF. Según ha podido saber este diario de fuentes próximas a la investigación, los agentes sospechan que centenares de sindicatos, patronales y empresas privadas de toda Andalucía recibieron fondos públicos para organizar supuestos cursos de formación para desempleados que nunca llegaron a realizarse o no reunían los requisitos necesarios para poder ser subvencionados. Los policías también creen que los altos cargos de la Junta de Andalucía responsables del control de estas ayudas colaboraron en el fraude limitando el alcance de las inspecciones.
Los agentes ya han tomado declaración a cerca de 300 personas, principalmente aquellas cuyos nombres están incluidos en cursos de formación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Unos 1.000 beneficiarios están bajo sospecha (la mayoría de ellos empresas que han dado cursos de formación que tienen sedes en varias provincias). “Hay firmas que son auténticas tapaderas, creadas a propósito para defraudar”, según un alto cargo policial.
Colaboración necesaria de la Junta
La mecánica del presunto fraude habría hecho imprescindible la participación de los máximos responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el organismo encargado de gestionar esta línea de fondos. Sobre el papel, el 75% de la cuantía total de la subvención era transferido a las entidades solicitantes por adelantado, y el resto quedaba condicionado a una auditoría posterior de la ayuda. Sin embargo, los efectivos de la UDEF han advertido que las inspecciones no se realizaron o, cuando se hicieron y detectaron alguna irregularidad, sólo en raras ocasiones provocaron que la Junta exigiera la devolución del 75% de la subvención presuntamente malversada.
