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La Junta de Andalucía exige “rectificación” ante las acusaciones sobre fraude

La Junta de Andalucía exige “rectificación” ante las acusaciones sobre fraude
El Consejero de la Junta, Luciano Alonso, en rueda de prensa
El Consejero de la Junta, Luciano Alonso, en rueda de prensa

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha exigido una “rectificación inmediata” al Ministerio del Interior en sus informaciones y “acusaciones” sobre un posible fraude en ayudas para cursos de formación

Alonso también se ha referido al hecho de que la Comisión Europea haya anunciado que pedirá explicaciones al Gobierno andaluz por el posible fraude, remitiendo  a Bruselas a pedir las explicaciones al Ministerio del Interior, que es el que está dando esos datos. A su vez ha lamentado no haber podido contactar con dicho ministerio ya que según el Consejero de Educación  “el ministro ha desaparecido, hemos intentado ponernos en contacto con él y no se pone al teléfono”.

Por lo que ha dejado claro que “colaboraremos con la Justicia y con la UE y con todo aquello que signifique transparencia y legalidad; no tendremos problemas en asumir lo que tengamos que asumir”. Par quien la Junta “sólo sabe lo que dice la prensa, no tenemos notificación de nada, no se ha puesto al teléfono; eso es una vergüenza y un atropello a los andaluces, una falta de respeto que no es tolerable en un Estado de derecho”.

Así mismo, Alonso ha explicado que la única petición realizada es la de investigación de la Seguridad Social con base a las diligencias de investigación seguidas por la Fiscalía de Málaga, que en enero de 2014 solicitó a la Delegación Territorial de Educación de Málaga, petición que “fue contestada en todos sus extremos, por lo que se entregó la documentación requerida el 7 de febrero”.

El consejero ha agregado que el mandamiento judicial versa sobre la petición del programa de compromiso de contratación que subvenciona acciones formativas de la convocatoria 2010 en la provincia malagueña, un programa con un presupuesto de 5,9 millones de euros.

Alonso agrega que en los juzgados “solo se solicitó información sobre 17 expedientes de dicha convocatoria, cuyo presupuesto es de 1,5 millones de euros”. De esos 17 expedientes solicitados, 11 son empresas sociedad limitada, dos sociedades civiles, dos empresarios individuales y dos asociaciones empresariales.

Asimismo, ha explicado que habitualmente en ese tipo de subvenciones “en el momento de la concesión se tramita una orden de pago por el 75 por ciento del importe y el 25 por ciento restante de la subvención queda supeditada a la justificación del mismo, y a si se adecua a lo realizado, proceso en el que actualmente se encuentran”. Así, una vez que se justifica, “o bien se paga el 25 por ciento o bien se inicia procedimiento de reintegro si no está bien justificada o procedimiento sancionador y si se observase ilícito penal se pondría en conocimiento de la Justicia”.

Estas subvenciones en concreto de Málaga correspondiente a la convocatoria de 2010 se ejecutan durante 2011 y 2012 y cuando terminan se empieza la justificación en 2013.

Por ello, el consejero andaluz considera que el ministro “deberá especificar y explicar los datos y decir de dónde los ha recabado para decir que existe fraude masivo en la formación profesional de Andalucía; deberá decir si los datos están contrastados, si se lo ha dicho a los organizaciones judiciales competentes, que diga qué empresas, entidades e instituciones y ayuntamientos están incluidos en dicho ‘fraude’, si se les ha notificado, y qué procedimiento se ha creado para emitir posibles alegaciones”.

Alonso lamenta que el Ministerio “sea juez, ejecutor y parte” y que el Gobierno ” se alíe con el PP-A en la causa general frente a la formación profesional de Andalucía, y le da igual el coste que puedan tener sus acciones para cientos de entidades honradas y eficientes “.

Ha recordado Alonso que “al declarar el Gobierno causa general por estas subvenciones está diciendo que sindicatos, CEA, autónomos, Cruz Roja, ONCE, Universidad de Sevilla, ayuntamientos de Almería, Granada, Málaga, Jaén, Cádiz y Sevilla, diputaciones, mancomunidades o FAMP durante todos estos años han sido cómplices de corrupción con el Gobierno andaluz”.

Sobre el nuevo modelo para la gestión de convocatorias de ayudas, ha explicado que se ha seguido “rigurosamente” las recomendaciones de Intervención General y de la Cámara de Cuentas, de forma que no se utiliza el instrumento de la exoneración, de forma que “los que no hayan cumplido con la obligación de justificar los fondos no podrán concurrir a las convocatorias ni percibir ayudas hasta la fiscalización de los expedientes previos”.

En ese sentido, ha precisado que los servicios centrales de la Consejería y las unidades provinciales están estudiando “caso a caso” cada uno de los expedientes de convocatorias anteriores que se encuentran en fase de justificación. “Se está mirando uno a uno, quizas podríamos ser más ágiles”.

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