La Cámara de Comptos ha manifestado que las operaciones del Gobierno de Navarra en Echauri Forestal y Deltor Green «no están suficientemente motivadas ni justificadas» añadiendo que cuando la Administración foral decide participar en proyectos empresariales «debe hacerlo por los cauces y procedimientos establecidos»
Comptos ha remitido al Parlamento el informe sobre algunas operaciones de sociedades públicas del Gobierno de Navarra con empresas forestales. El informe responde a una petición del Parlamento, realizada a instancias de Izquierda-Ezkerra.
La petición solicitaba, en concreto, el análisis de la participación accionarial pública en las empresas Deltor Green S.L., F.I.Excavaciones y Reforestaciones S.L. y Plantaciones Forestales S.L., así como los contratos del Gobierno y sus empresas públicas con las citadas firmas.
La Cámara de Comptos ha incluido en la fiscalización a la sociedad mixta Echauri Forestal S.L. porque las empresas citadas anteriormente participaron en su constitución y actividad. También se ha analizado la empresa Foresta Mantenimiento de Plantaciones S.L. al haber realizado trabajos para Echauri Forestal.
El informe concluye que la inversión en maderas nobles supuso a las empresas públicas una pérdida de 3,7 millones. De esa cifra, 884.00 euros corresponden a los resultados negativos de Echauri Forestal y a la compra del 30 por ciento de su capital; y casi tres millones de pérdida se originaron por la situación económica negativa de F.I. Excavaciones y Reforestaciones, propiedad de Deltor Green. Además de la participación en el capital de dichas sociedades, la empresa pública Nafinco les había concedido préstamos y avales.
Así pues, Comptos insite en que «no están suficientemente motivadas ni justificadas». En este sentido, el informe subraya que cuando la Administración Foral decide participar en proyectos empresariales «debe hacerlo por los cauces y procedimientos establecidos, contando en todo caso con los informes técnicos y económicos necesarios y consistentes que garanticen el máximo rigor y solvencia en las decisiones adoptadas».
En el caso de adoptar decisiones de este tipo, el órgano fiscalizador reclama el control y la supervisión en la ejecución de los proyectos, «máxime en casos como el analizado, en el que la participación pública es mayoritaria».
