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La Generalitat permite ‘la placa’ en el ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia

La Generalitat permite ‘la placa’ en el ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia
Guerra de banderas en el Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia
Guerra de banderas en el Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia

Convergència i Unió trabaja para «hacer posible que no nos impongan símbolos que no consideramos nuestros». Con esta justificación, la presidenta local de CDC y portavoz de CiU en el Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia, María Rosell, ha justificado el voto favorable de los nacionalistas catalanes a la moción presentada en el consistorio de la capital del cava por ERC por el que se colocará una placa que rezará: «En este ayuntamiento se iza la bandera española por imperativo legal». Socialistas y populares votaron en contra.

La máxima responsable del partido de Mas en Sant Sadurní ha justificado su actuación. Sin embargo, en el texto no hay ninguna referencia a la polémica que suscita en el sector del cava esta decisión de CiU que la alcaldesa socialista, Susanna Mérida, considera «irresponsable» y «absurda». La líder nacionalista –que habla en nombre de los dos partidos de la federación, Unió i Convergència, en el mencionado comunicado– considera, por el contrario, que la prioridad no es el cava, es otra: «Trabajar por la consulta». Según María Rosell su grupo dio un sí crítico para mostrar «su rechazo a la imposición de la bandera –española–». La división en el voto de CiU –dos concejales se abstuvieron– se justifica afirmando que «se dieron los votos necesarios para mostrar el rechazo a la imposición de la bandera».

Una imposición que la líder de CiU atribuye a María de los Llanos de Luna, la delegada del Gobierno, que recordó por carta la obligación legal de cumplir con la ley. La Generalitat reaccionó ayer a este conflicto criticando a la delegación del Ejecutivo central: «En Cataluña hay una persecución constante por parte de la Delegación del Gobierno a los ayuntamientos y a sus acuerdos de plenos sobre los símbolos». Para el departamento que dirige Joana Ortega «hay problemas más importantes» –no menciona el sector del cava– y pide «respeto por la autonomía municipal». A este precepto se acoge la Consejería de Gobernación para justificar que «no puede obligar a un pleno a retirar una placa».

La polémica ha generado un estruendoso silencio en el sector del cava que agrupa a más de 300 empresas. En el sector «todos se acuerdan de lo que sucedió en el boicot de 2004 y 2005. No fue agradable y se notó» afirma un conocedor de la situación política y económica de la capital del cava que añade «además nadie entiende por qué nos tiramos piedras a nuestro tejado». Esta afirmación hace referencia a que el anterior alcalde de Sant Sadurní, el republicano Josep María Ribas –actualmente regidor de Hacienda– es trabajador de Freixenet. También lo es el actual regidor de Turismo y Comercio y responsable del Centro de Interpretación La Fassina –museo del cava– , Josep Bargalló. No son los únicos regidores relacionados directamente con el mundo del cava. La concejal de CiU, Àngels Canals, es propietaria de las cavas Castell de Sant Antoni. Votó a favor de la moción. Las organizaciones sindicales también han expresado su malestar por la instalación de la placa y se sienten preocupados por sus consecuencias en el sector. Por eso, la reacción a la placa que se colocará en el ayuntamiento –se debió colgar el día 3– está llena de perplejidad pero también de prudencia. «No hemos salido de la crisis y ahora podemos caer en otra», afirma nuestro interlocutor, que prefiere mantener el anonimato. La industria del cava da trabajo a una buena parte de los ciudadanos de Sant Sadurní y su comarca. El paro en la capital del cava apenas es del 13%.

La placa de Sant Sadurní sólo tiene dos referentes en toda España: el Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por Bildu, y el de Elgoibar, gobernado por el PNV. Ni tan siquiera el presidente de ERC, Oriol Junqueras, alcalde de Sant Vicens dels Horts, ha planteado este tema en su consistorio.

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