En la puerta del Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia, la capital del cava, se colocará una placa en la que rezará: «En este ayuntamiento se iza la bandera española por imperativo legal». Su instalación fue aprobada en una moción, presentada por ERC, con los votos de los cuatro regidores republicanos y otros cuatro de Convergència i Unió. Los cinco ediles socialistas votaron en contra junto con los dos concejales del PP. Dos regidores de CiU se abstuvieron, uno militante de Unió Democrática, otro independiente. Sant Sadurní d’Anoia será el segundo consistorio con esta placa. El primero y hasta ahora único es San Sebastián, que gobierna Bildu.
La moción surge como respuesta a la carta que la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, envió al consistorio para recordarle la obligación legal de que ondearan las banderas oficiales porque «todo servidor público tiene la obligación y el deber de cumplir y hacer cumplir la Ley». Para la delegada del Ejecutivo de Rajoy «el requerimiento se produjo ante una dejación de la legalidad por parte de quien tendría que dar ejemplo en su cumplimiento». En Sant Sadurní nunca se ponían las banderas excepto en las fiestas. Se izaba la catalana, la del pueblo y, en algunos casos, la europea. La alcaldesa, Susanna Mérida, decidió cumplir la ley e izó la bandera catalana y la española. La reacción de ERC no se hizo esperar. En la asamblea de militantes el malestar por la presencia de la bandera fue el embrión de la moción. «De ERC me lo esperaba, lo que no me esperaba era la reacción de CiU», comenta la alcaldesa, que dice sentirse «indignada y preocupada por la irresponsabilidad de los regidores de CiU que ponen en riesgo el futuro de nuestra industria».
Mérida se refiere a la industria del cava, que permite a Sant Sadurní tener una tasa de paro del 13%, todo un lujo en los tiempos que corren. «Esta acción absurda puede tener consecuencias muy graves en el mercado del cava», afirma la primera edil, que concluye con enfado: «Por una bandera no se puede perder ni un puesto de trabajo». Susanna Mérida se ha puesto en contacto con el Institut del Cava, y con el Consejo Regulador. El Consejo agrupa a 162 bodegas que elaboran vino base y a 247 bodegas que elaboran cava. La gran mayoría concentradas en Barcelona y Tarragona pero también bodegas de Álava, Badajoz, La Rioja, Zaragoza, Valencia, Navarra, Lérida y Gerona. El Institut del Cava, la patronal del sector, agrupa a 51 bodegas entre las que se encuentran todas las marcas conocidas, como Freixenet y Codorniú. Los pequeños empresarios se agrupan en Pimec Cava, la patronal de las pequeñas y medianas bodegas, que cuenta con medio centenar de empresarios.
En la patronal del cava, el Institut, la noticia no ha sentado nada bien. Se niegan a comentarla pero los silencios denotan preocupación y una cierta perplejidad. La gerente de la patronal, María del Mar Torres, mide mucho sus palabras al ser preguntada. «Siempre hay cosas a las que hemos de hacer frente. Nosotros elaboramos cava y trabajamos para avanzar, pero hay cosas que no dependen de nosotros», manifestó lacónica para añadir «no entraremos a valorar unos actos políticos».
El sector del cava vive desde hace años con la espada de Damocles sobre su cabeza en forma de boicot. Josep González, presidente de Pimec, ya reconocía hace un año que «hay casos de boicot». Un pequeño empresario ratifica estos temores: «La placa de marras revive aires del pasado», afirma con preocupación. Pere Bonet, director de comunicación de Freixenet y presidente del Consejo Regulador, ha esquivado responder sobre la colocación de la placa en la sede del ayuntamiento de la capital del cava. Sin embargo, hace unos meses en la presentación de la campaña de Navidad, Bonet afirmaba sobre la posibilidad de boicot que «nos preocupa como nos tiene que preocupar. Es una circunstancia más que tenemos en nuestro entorno y que tenemos que afrontar». Preocupación que alcanzaba al hablar de la independencia y el sector exterior: «No tiene que pasar nada especial, a no ser que pasen cosas concretas que nos impidan movernos por el mundo con libertad», en clara referencia a la implantación de aranceles. Josep Lluís Bonet, presidente de Freixenet, afirmó tajante que «Cataluña es parte esencial de España y así debe seguir siendo».
