En documentos analizados «no figura» la autorización del Gobierno para segregar activos y pasivos de CAN a favor de Banca Cívica
Según Comptos, la inspección de Caja Navarra era «una obligación clara» del Gobierno foral, que el Ejecutivo «no ha ejercido», así mismo, ha insistido en que la acción del Gobierno «se limitó a darse por enterado de la inspección del Banco de España«.
Así lo ha señalado en comisión parlamentaria el secretario general de la Cámara de Comptos, Luis Ordoki, quien ha acompañado al presidente de Comptos, Helio Robleda, en su comparecencia, a petición de Bildu, para explicar el informe ‘Actuación del Gobierno de Navarra en el ejercicio de sus funciones inspectoras y de protectorado sobre la Caja de Ahorros de Navarra (1982-2011)’.
Por su parte, Helio Robleda ha precisado que la actuación de protectorado del Gobierno de Navarra «se circunscribió a darse por enterado de la inspección del Banco de España, a la redacción conjunta de los estatutos con el Ministerio de Hacienda y el Banco de España, la autorización de reparto de beneficios, y la aprobación del presupuesto anual de su obra social».
De ahí que Robleda haya insistido en que «el Gobierno de Navarra no ha ejercido la potestad de inspección sobre Caja Navarra» y su actuación en materia de protectorado «se circunscribió a darse por enterado de la inspección del Banco de España y la redacción conjunta de los estatutos con el Ministerio de Hacienda y el Banco de España, la autorización de reparto de beneficios, y la aprobación del presupuesto anual de su obra social».
Según informa, «en el periodo analizado (1982 a 2011) no consta ninguna inspección ordinaria ni extraordinaria realizada directamente por el Gobierno de Navarra sobre la actividad financiera de la CAN ni la remisión al Banco de España de información contable supervisada por el mismo». Aunque figuran «los acuerdos del Gobierno foral dándose por enterado de los escritos del Banco de España en los que se comunicaba que, en uso de sus facultades de alta inspección, se iban a realizar actuaciones de inspección sobre la CAN».
Robleda ha resaltado que «consta en la documentación analizada por Comptos el acuerdo de autorización por el Gobierno de Navarra de la fusión por absorción de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona por la Caja de Ahorros de Navarra», mientras que «no figura, sin embargo, un acuerdo autorizando la segregación de sus activos y pasivos de la CAN a favor de Banca Cívica».
Además ha destacado que desde los orígenes de Caja Navarra hasta 2010 los miembros del Ejecutivo navarro formaban parte de sus órganos y, a partir de entonces, el Gobierno mantuvo la competencia de su nombramiento. Lo cual supone que «podía ejercer un control directo sobre la actividad financiera de la entidad», ha indicado Robleda. En todo caso, Comptos cuestiona en su informe que «no parece razonable que quienes ocupaban esos cargos o se reservaban su nombramiento fueran a su vez los responsables del control de la entidad».