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Alaya impone fianzas civiles de 40 millones en el Caso ERE

Alaya impone fianzas civiles de 40 millones en el Caso ERE
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La juez también impone fianzas civiles que suman 40 millones de euros a tres exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 3.323.672,49 euros al exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas.

Rivas se acogió en febrero a su derecho constitucional a no declarar después de que la magistrada Mercedes Alaya le imputara tres delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

En un segundo auto notificado a las partes este mismo miércoles, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla también fija fianzas civiles para tres exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo de la Junta, en concreto Juan Francisco Sánchez, a quien impone una fianza civil de 33,9 millones; Javier Aguado, que deberá hacer frente a una cantidad ascendente a 5 millones, y Lourdes Medina, para quien fija una fianza civil de un millón de euros.

La juez concede a todos ellos un día de plazo para que abonen las fianzas impuestas, “ordenándose el embargo de bienes –previa relación de bienes efectuadas por los inculpados, quienes serán requeridos al propio tiempo– para cubrir dichas responsabilidades si en dicho plazo la fianza no se constituyere”.

Para fijar las respectivas fianzas civiles, la instructora tiene en cuenta el ‘fumus bonis iuris’, el cual “tan sólo exige la apariencia de antijuricidad de los hechos realizados por los inculpados”, apariencia “que resulta con claridad de los hechos que fueron extensamente expuestos en sus respectivas imputaciones judiciales antes de sus declaraciones, de las que cabe deducir la probabilidad cierta de que pudieran resultar condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan”.

Rivas, para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza civil de 5.579.696 euros, fue delegado de Empleo de la Junta en Sevilla entre el 31 de mayo de 2000 y el 20 de abril de 2010 y la juez le imputa que, como autoridad laboral competente, “autorizaría un considerable número de ERE que recibirían subvenciones sociolaborales” de la Dirección General de Trabajo “con total ausencia de procedimiento”, lo cual sería conocido por el imputado “pues era evidente que ni siquiera existían unas bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial”.

“Gran parte de estas ayudas, conociendo y aprovechando Rivas el carácter discrecional de concesión, fueron comprometidas previamente por él, quien de esta forma influiría en el otorgamiento de las mismas así como en la inclusión de ciertos ‘intrusos'”, dice la juez, que a continuación analiza el papel de Rivas en relación con los ERE de Intesur, Surcolor, Aglomerados Morell y Calderinox.

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