El juez Javier Tejeiro ha decretado el ingreso en prisión de uno de los 24 detenidos el sábado en Madrid tras las protestas con las que concluyó la Marcha por la Dignidad. La policía había incluido en el atestado el relato de los hechos protagonizados por este manifestante, Manuel M. S., madrileño de 21 años, que arrojó un adoquín de grandes dimensiones contra un agente al que un grupo de radicales había rodeado y agredido, quitándole también el casco, hecho por el cual se le imputó homicidio en grado de tentativa. El juez lo ha considerado merecedor de la prisión incondicional, aunque rebajando la gravedad del delito a lesiones. Además, le acusa de atentado a la autoridad y desórdenes.
Un total de 19 de los 21 arrestados que son mayores de edad han declarado en los juzgados de Plaza de Castilla hoy por los incidentes acaecidos en la madrileña plaza de Colón, quedando 18 de ellos en libertad con cargos. Los detenidos están acusados de atentado contra agentes de la autoridad, desórdenes públicos y daños materiales, a excepción del caso anteriormente señalado. Los tres menores han pasado a Fiscalia de Menores.
Tras la celebración de la marcha «Por la dignidad» en Madrid, los grupos de radicales, extremadamente violentos, convirtieron las calles de la capital en un auténtico campo de batalla la noche del pasado sábado. Fruto de su actuación, 67 policías resultaron heridos, algunos de una consideración muy importante. La Dirección General de la Policía informó de que abrirá una investigación para analizar si hubo errores en el dispositivo policial para sofocar los disturbios del 22-M, donde resultaron heridos 67 policías (nacionales y municipales) y 34 manifestantes. En esa investigación estudiarán la presencia de un camión de bomberos que atravesó la línea de carga y que sirvió de avanzada a los violentos. A juicio de la Policía Nacional no tenía «explicación alguna», como informaron los principales sindicatos de la Policía Nacional, la Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP).
