La ley del aborto sigue siendo un tema de enorme fricción para el Gobierno de Mariano Rajoy. El presidente no ha conseguido acallar el avispero que se ha generado en su propio partido por la reforma más restrictiva de la democracia en la materia. Una apuesta que le está costando cara —sobre todo a su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón— en las encuestas. Ahora prepara algunos cambios apoyándose en los informes que ha encargado para recoger la visión de distintos organismos, y que están empezando a llegar a la mesa de Ruiz-Gallardón.
Andalucía (gobierno socialista) y Cataluña (CiU) reclaman al Ministerio de Justicia la retirada del texto. Gallardón prepara cambios leves en el anteproyecto en relación al aborto por malformación. El ministro defendía que no pudiera alegarse específicamente esa razón para abortar pues la nueva norma la supedita a que la anomalía fetal suponga un riesgo para la salud psicológica de la mujer. Ese recorte es el que más críticas, y más duras, ha reunido.
El propio presidente del Gobierno ya abrió la puerta a esa opción hace unas semanas en el Congreso cuando argumentó que la nueva ley será “en lo sustancial” similar a la de 1985; una norma que incluía el supuesto de aborto por malformación fetal grave. Ahora, fuentes del Ejecutivo también apuntan en esa dirección, aunque añaden que todavía no se ha definido cómo se estructurará ese cambio.
Pero el retoque, que puede ser una fórmula para escenificar cierto consenso, no modificará en realidad la parte esencial de la ley. Esta seguirá siendo un modelo de supuestos muy restrictivo: elimina el derecho de la mujer a abortar sin alegar ninguna razón (permitido ahora hasta la semana 14 de gestación). Y eso es algo que elimina toda posibilidad de acuerdo con otros grupos parlamentarios. Ninguno, a excepción del PP —y algunos diputados de Uniò—, apoyará esa vuelta atrás.
