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La Juez Alaya impone una fianza de 29,5 millones de euros a Magdalena Álvarez por el “caso ERE”

La Juez Alaya impone una fianza de 29,5 millones de euros a Magdalena Álvarez por el “caso ERE”

 

Magdalena Álvarez (EFE)

Magdalena Álvarez (EFE)

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha terminado por responsabilizar a Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía, exministra y actual responsable del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por las ayudas concedidas entre 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2003 con cargo a la partida investigada por la magistrada y que considera origen de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo. Por esta razón ha impuesto a Álvarez una fianza civil de 29.568.129 euros.

Con esta medida, Alaya considera a Magdalena Álvarez responsable del sistema de ayudas, que considera ilegal y creado para evitar los controles, según la juez. Álvarez fue consejera de Economía desde 1994 hasta 2004, pero su responsabilidad se limitaría a los tres de los 11 años que investiga la magistrada y durante los que se concedieron ayudas.

La juez imputa a Álvarez por malversación y prevaricación, cargos que la exministra ya negó el pasado 8 de octubre ante la magistrada, ante quien defendió que no conoció los “reparos” de la Intervención General de la Junta andaluza sobre el procedimiento de concesión de ayudas.

La petición de fianza de Alaya se produce pese a que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta de Andalucía pidieron medidas reales contra ella. La acusación ejercida por el PP dejó que la juez determine la fianza real y la organización Manos Limpias pidió 125 millones más el tercio legal por responsabilidad civil.

Alaya considera a la exministra “una de las promotoras, en connivencia con otros” del sistema de pagos de los ERE, un procedimiento de concesión de ayudas con cargo a una partida presupuestaria que, según la magistrada, carecía de control y favorecía su concesión discrecional. Esta partida llegó a sumar 721 millones, de los que están en cuestión una cuarta parte.

Empleo era responsable del uso del fondo, por lo que también están imputados los exconsejeros Antonio Fernández y su antecesor y diputado José Antonio Viera. No obstante, la juez atribuye a  Álvarez haber eludido “los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización” establecidos para las subvenciones “puesta de acuerdo con otros (…) y a sabiendas de su absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca”. Del mismo modo, también atribuye a la exministra haber autorizado siete modificaciones presupuestarias por importe de 93 millones y otras cinco por 32 millones.

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