El gobierno catalán argumenta en su recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que cifró en el 25% el horario lectivo en lengua castellana para cinco casos particulares que «vulnera la Constitución» y que el tribunal catalán se excedió en sus funciones
En un comunicado, el ejecutivo de Artur Mas informa de que el recurso ante el Tribunal Supremo (TS) se ha presentado este mediodía y que ha sido elaborado por los servicios jurídicos de la Generalidad. Indican que los alumnos tienen derecho a no ser separados en centros ni en grupos clase diferentes por razón de su lengua habitual.
Además, también contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que «han considerado que es la Generalitat el organismo competente para determinar el uso de las lenguas en la enseñanza».
Otro de los argumentos que se indican en el recurso es la vulneración del Estatut de Autonomía y de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), «ya que los autos (del TSJC) obligarían a crear grupos dentro de los centros con diferentes regímenes lingüísticos».
La consejera convergente de Enseñanza, Irene Rigau, ya anunció que el ejecutivo catalán no iba a ejecutar esta sentencia y que recurriría la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante el Supremo. En rueda de prensa ha declarado que la lengua de un aula no puede cambiar porque un solo alumno lo pida. La voluntad de un padre no puede incidir sobre el programa y el proyecto solicitado por el resto de familias de un grupo clase.
Los partidos políticos con representación en el Parlamento se han mostrado divididos ante la decisión de Generalidad de no acatar la sentencia. Por un lado, PPC y Ciudadanos señalan que la Generalidad tiene la obligación de adoptar las medidas cautelares, y por otro lado, ERC, Iniciativa, el PSC y las CUP aplauden que no se ejecute la sentencia.
