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El Gobierno vasco insiste con Treviño

El Gobierno vasco insiste con Treviño
Treviño. EFE
Treviño. EFE

El Parlamento Vasco aprobará hoy en pleno su iniciativa en la que pide la segregación del Condado de Treviño y de La Puebla de Arganzón de la provincia de Burgos y su incorporación a Álava y otra propuesta para rechazar una posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña y de solicitud al Gobierno de Rajoy de desmantelamiento de la planta atómica situada en el valle burgalés de Tobalina.

Al pleno, llega el debate y resolución definitiva sobre el dictamen formulado por la Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia en relación con la proposición de ley de iniciativa legislativa ante las Cortes Generales del Estado sobre alteración de los límites provinciales para la segregación de los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón de la provincia de Burgos y su incorporación al territorio histórico de Álava y, en su caso, designación de la delegación del Parlamento Vasco ante el Congreso de los Diputados para la presentación de la proposición de ley.

El recorrido de esta iniciativa, que sólo ha sido cuestionada por los «populares vascos» por la forma en que se ha presentado, se perderá en el Congreso de los Diputados, donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta. El consejero portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, se mostró muy critico con esta propuesta y preguntó qué pasaría si las Cortes de Castilla y León promovieran la revisión de la normativa que permite el cupo a esa autonomía vecina, informa Ical.

Por otro lado, el Parlamento vasco debatirá una proposición no de ley, del Grupo Socialista Vasco, en la que se denuncia la actitud del Gobierno de “hacer todo lo que este en su mano” para reabrir la central de Garoña, se rechaza la posible reapertura de la planta y se reclama al Ejecutivo de Rajoy su desmantelamiento. “De nuevo, el Gobierno de España amenaza con la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña”, argumenta el grupo proponente, que acusa al Ejecutivo de “anteponer su interés económico al interés social de la ciudadanía”. Además, censura que se enfrente a “todo y a todos para dar vida a una central nuclear que ya está muerta” y añade que ni siquiera Nuclenor -empresa propietaria- ha mostrado interés por reanudar la actividad.

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