El juez instructor, José Castro, aceptó tomar testimonio a estos funcionarios a instancias del fiscal anticorrupción Pedro Horrach
Los técnicos de Hacienda que han hecho el auxilio judicial en este procedimiento, declaran ante el magistrado en calidad de peritos. Ambos funcionarios consideran que la Infanta Doña Cristina no habría cometido el supuesto delito fiscal por el que ha sido imputada por el juez y por el que deberá declarar el próximo 8 de febrero.
El juez Castro ha imputado a la infanta por un delito de blanqueo de capitales y otro fiscal presuntamente cometidos en su condición de copropietaria de Aizoon, empresa familiar a la que se desviaron más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos.
Una de las grandes pruebas de cargo contra la Infanta Cristina son las tres facturas cruzadas que Aizoon emitió a favor de Diego Torres por un importe total de 69.000 euros. El juez de instrucción 3 de Palma sostiene que son «falsas», lo que pone en una situación insostenible a la cúpula de la Agencia Tributaria, quelas dio por buenas para salvar a la hija del jefe del Estado de un delito fiscal en el Impuesto de Sociedades cuando meses antes las había incluido en el elenco de justificantes fraudulentos.
El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) afirma que la decisión del juez de imputar a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales está «técnicamente fundamentada».
A lo largo de la mañana declarará también una inspectora de Hacienda, igualmente en calidad de perito. A continuación, comparecerán los representantes de varias empresas, para las que Iñaki Urdangarín habría realizado diversos trabajos de asesoramiento, y una inspectora de la Policía, en calidad de testigos. Finalmente, también declarará, en calidad de perito, un representante de Manos Limpias, sindicato que considera que la Infanta sí habría cometido, supuestamente, un delito fiscal y otro de blanqueo.
