El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia con los 180 votos del PP y el rechazo del grueso de la oposición, que critica el texto por modificar de un golpe 26 leyes de nueve ministerios, socavando la labor de las Cortes al impedir un debate sectorializado
La decisión de los ‘populares’ de aceptar que el decreto se tramite como proyecto de ley en la Comisión de Economía, lo que abre la puerta a la posible inclusión de enmiendas, no cambió la postura de los grupos de la oposición, que uno a uno fueron criticando el «despotismo» con el que el Ejecutivo ejerce su mayoría absoluta, despreciando la función parlamentaria e incluyendo medidas de muy variado tenor en un único texto normativo.
Y es que el decreto incluye desde las bonificaciones a la contratación asociadas a la Garantía Juvenil a rebajas fiscales para autónomos, cambios en la gestión de los Puertos, medidas para la privatización de Aena, la liberalización del sector del butano, la gestión del Registro Civil, el uso de drones, los cambios en las condiciones de los créditos de pago a proveedores de los ayuntamientos o la reducción de las comisiones por pago con tarjeta de crédito.
En total, 172 páginas que cambian 26 leyes de nueve ministerios distintos, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes y que llegó a la Cámara el lunes por la tarde. De hecho, este mismo jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba casi 70 correcciones, lo que ha sumado argumentos a la oposición de la «irresponsabilidad» que supondría apoyar un texto que han tenido tan poco tiempo de estudiar.
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El portavoz ‘popular’, Alfonso Alonso, ha ido incluso más allá y ha acusado a los grupos de «montar bronca» para «no hablar de que el tiempo de los ajustes ha pasado» e impedir al Gobierno dar «buenas noticias», y ha recordado que la función parlamentaria se cumple con el trámite de la convalidación, que en cualquier caso es sólo «el principio del debate», que continuará con el proyecto de ley.
