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Alaya vuelve a imputar a Chaves,Griñán y cinco exconsejeros en el caso de los ERE falso de la Junta de Andalucia

Alaya vuelve a imputar a Chaves,Griñán y cinco exconsejeros en el caso de los ERE falso de la Junta de Andalucia
José Antonio Griñán y Manuel Chaves  Reuters
José Antonio Griñán y Manuel Chaves Reuters

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha dictado un auto en el que, “a los efectos del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, comunica “en calidad de imputados la existencia del procedimiento” a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a cinco exconsejeros, todos ellos aforados.

En un auto de 28 páginas notificado este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya vuelve a ‘preimputar’ a todos los aludidos después de que, la pasada semana, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla estimara el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción y, por tanto, anulara, la resolución inicial en la que la juez los ‘preimputaba’.

La juez comienza su auto dejando claro que “por imperativo legal se exponen los datos de mayor relevancia que se contienen en la presente causa y que pudieran relacionarse con los aforados designados”, para a continuación precisar que, en el caso ERE, se analiza “desde la perspectiva del derecho penal “el proceso de concesión de subvenciones sociolaborales y ayudas a empresas llevado a efecto por la Dirección General de Trabajo desde el año 2000 hasta el primer tercio de 2011”.

Alaya justifica la preimputación y les acusa de conocer las advertencias que llegaron al Consejo de Gobierno andaluz sobre las irregularidades en el sistema de financiación para pagar prejubilaciones y subvenciones a empresas en crisis. En el auto, dice exponer “de forma descriptiva” y “aséptica, sin realizar ningún juicio de valor” los datos “que existen en la causa del proceso seguido de concesión de subvenciones a través de transferencias de financiación” y enumera sus consecuencias: ausencia absoluta de trámite administrativo, de fiscalización previa del gasto como control de legalidad, de bases reguladoras y de criterio.

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