El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado por unanimidad la excarcelación de la etarra Inés del Río después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara este lunes el recurso del Gobierno contra la sentencia que condenó a España a indemnizarla por haberle aplicado la ‘doctrina Parot’ con carácter retroactivo, informaron fuentes jurídicas.
Tras celebrar una reunión extraordinaria que se prolongó durante una hora y media, los 17 magistrados de la Sala de lo Penal han acordado la salida de prisión de Del Río, que fue condenada a 3.828 años de cárcel por su actividad como miembro del ‘comando Madrid’ de ETA, en el que cometió un total de 24 asesinatos.
El criterio unánime que ha defendido la Sala de lo Penal es que la sentencia de Estrasburgo es firme una vez que se ha pronunciado la Gran Sala y su resolución es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros que suscribieron el tratado por el que se dictó el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional defendió el criterio adoptado por la Sala en un informe remitido al Pleno en el que señalaba que la sentencia de Estrasburgo no da «ninguna elección» sobre la puesta en libertad de la etarra, que busca «poner remedio al derecho o derechos declarados vulnerados» (pese a que juristas han informado en los medios de comunicación que la sentencia de Estrasburgo no es vinculante y que, por tanto, el Gobierno puede tomar las decisiones que estime pertinentes). «No es otro que garantizar la puesta en libertad de la señora Del Río en el plazo más breve posible», apuntaba el informe.
La decisión de la Sala de lo Penal será comunicada a la cárcel de Teixeiro (A Coruña), donde se encuentra la etarra y de la que saldrá en las próximas horas en cumplimiento de esta resolución judicial, según apuntaron las citadas fuentes.
La Audiencia Nacional bloquea la indemnización para destinarla a las víctimas de la etarra
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de la indemnización de 30.000 euros concedida a la miembro de ETA Inés del Río por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) para destinarla a sus víctimas.
En un auto hecho público este martes, los 17 magistrados que componen el Pleno solicitan que se impute esta cantidad «al pago de las responsabilidades civiles decretadas a favor de las víctimas».
Especifican además que la sentencia de TEDH es «de obligado cumplimiento para nuestro Estado» que se comprometió a «dar efectividad y ejecutar las sentencias del tribunal al prestar su consentimiento al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Civiles y Libertades Fundamentales».
Según ha informado EUROPA PRESS
