Tras la séptima reforma educativa, y de nuevo sin el consenso imprescindible entre los dos partidos mayoritarios, Educación refuerza su poder de decisión en las asignaturas sobre las autonomías. Para reducir una dispersión de contenidos que era inmanejable, según Wert. Porque otra de las claves de la reforma educativa es el peso que ganarán las materias instrumentales, como la lengua, las matemáticas o las ciencias, respecto a otras optativas.
La nueva ley aumentará la capacidad de decisión del Gobierno central a la hora de definir las asignaturas y reducirá la que actualmente tienen los ejecutivos autonómicos. Establece, en este sentido, que el Ministerio de Educación fije el contenido de competencias básicas del 65% de los horarios en las autonomías de lengua cooficial y el 75% en las que no tengan otro idioma.
Hasta ahora, tal y como se contemplaba en la Ley Orgánica de la Educación (LOE), el Estado decidía sobre el 55% del contenido en las comunidades de lengua cooficial y sobre el 65% en las otras.
Otras novedades: habrá cuatro pruebas de evaluación a nivel nacional y se da la circunstancia de que, tras la “descafeneización” de Educación para la Ciudadanía, algunas comunidades, como Andalucía, habían amenazado con hacer uso de ese 35% de capacidad de decisión para que la asignatura se mantuviera como la diseñó el Gobierno socialista. EpC, por cierto, será sustituida por Educación Cívica y Constitucional, que se impartirá sólo en 2º de la ESO. La anterior materia se impartía en primaria y en secundaria.
¿Aprovechará el Gobierno para introducir garantías para que el castellano se enseñe en las comunidades bilingües con el mismo peso que en otras autonomías? Wert ha respondido que «hay que reforzar la enseñanza» tanto de la lengua común como de la lengua cooficial, «pero eso incluye evidentemente a la lengua común«.
La nueva Ley cuenta con un rechazo frontal tanto de la izquierda española, auténtica responsable del fracaso educativo en España, como de los nacionalismos. El Gobierno vasco por el “atentado” contra el autogobierno vasco y de las autonomías. La generalidad catalana directamente ya ha manifestado que no va a aplicar la ley en Cataluña. De nuevo es de suponer que asistiremos a una nueva bajada de pantalones del Gobierno de la nación, que claudicará en este tema y dejará al gobierno vasco y de la generalidad que campen a sus anchas negándose una vez más a cumplir con la Constitución española y las resoluciones judiciales y legales. Quítense a las autonomías separatistas las competencias de educación y las televisiones autonómicas que emplean para cambiar la historia y manipular la educación y España será otra cosa.
Tomás M. Fernández
